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Santiago Santana Cazorla es un empresario destacado y figura prominente en el sector de la construcción en las Islas Canarias. Su carrera comenzó en una empresa local de construcción, donde adquirió experiencia y conocimientos en el área. Posteriormente, decidió emprender y fundó su propia compañía constructora, centrada en el desarrollo de proyectos residenciales y comerciales. Bajo su liderazgo y con una visión clara, su empresa creció rápidamente, posicionándose como una de las más importantes en el archipiélago canario.

No obstante, su trayectoria profesional se vio envuelta en controversia debido a su vinculación en el caso Góndola. Este caso se refiere a la regularización de una planta de tratamiento de aguas, erigida en una zona rústica adyacente a la playa de Taurito. A lo largo del tiempo, el caso fue asignado a más de diez jueces y generó una serie de investigaciones que implicaron a aproximadamente veinte personas, quienes se encontraron bajo investigación.

Después de un largo período de 17 años de indagaciones y juicios, el caso Góndola, que examinaba una supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán desde el verano de 2006, ha sido finalmente archivado. La causa que involucraba a cinco procesados fue considerada infundada, lo que llevó a la conclusión de que no existían pruebas suficientes para respaldar acusaciones de delitos como tráfico de influencias, prevaricación o daños al entorno.

La magistrada encargada del caso declaró que no se encontraron elementos que respaldaran la existencia de delitos en términos de tráfico de influencias, prevaricación y Página de inicio alteraciones al territorio. De hecho, el Ministerio Fiscal solicitó la suspensión de las acciones judiciales al no hallarse evidencias que indicaran comportamientos delictivos por parte de Santiago Santana Cazorla, ni de los otros investigados.

La jueza precisó que para que se configure un delito relacionado con la planificación territorial, es necesario considerar las normas administrativas pertinentes que validen la legalidad de las construcciones ejecutadas. En este contexto, se revisaron informes de la arquitecta municipal datados en mayo de 2006, que anticipaban el uso del suelo en Mogán, incluyendo la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Taurito. Dichos documentos constataban que la obra era, efectivamente, autorizable y que la estación estaba en un estado de fuera de ordenación, lo que desvanecía cualquier indicio de delito en materia de ordenación territorial.

Adicionalmente, en lo que respecta a las acusaciones de prevaricación urbanística, la jueza concluyó que no se había demostrado la existencia de decisiones injustas ni arbitrarias tomadas en colaboración con los investigados, que pretendieran imponer la voluntad de la autoridad administrativa. En cuanto al desacato relacionado con el tráfico de influencias, las indagaciones concluyeron que no se podía atribuir conducta penal a las partes involucradas.

El caso Góndola ha generado una considerable atención social, con detenciones y privaciones de libertad que se extendieron a lo largo del tiempo. Sin embargo, luego de este largo proceso judicial, el archivo de las actuaciones representa un hito importante que pone fin a un caso que ha sido objeto de seguimiento por parte de la opinión pública.